Se trata de recursos presupuestados y ejecutados en su momento por lo que la deuda es real. En Cataluña o en el País Vasco este tipo de asuntos son defendidos con práctica unanimidad por todo el arco político autonómico.
El Ministro de Consumo, antigua Dirección General renombrada pero sin competencias, ha anunciado que promoverá una ley contra la publicidad del juego. Tendrá que sortear principalmente a su colega de Hacienda, de la que depende una de las grandes organizaciones de promoción del juego en forma de lotería, quinielas, primitiva y otras, que además de publicidad pagada mantienen espacios fijos en la televisión pública, como la ONCE, otra organización en este caso tutelada por el Ministerio de Trabajo.
Además el Ministro de Consumo tendrá que lidiar con la cultura de juego de manos que se está dibujando. El año pasado la ministra Montero negó a las Comunidades Autónomas durante meses la financiación autonómica debida, aduciendo problemas legales insalvables. Bastó que se convocasen elecciones para que lo ilegal se tornase legal y el problema desapareciese, evitando así una espinosa discusión electoral. Aun así se reservó la discrecionalidad en los pagos de las cantidades adeudadas. Todo ello fue explicado en su momento en MUNDIARIO.
Hacienda aduce ahora nuevos problemas procedimentales para negarse a transferir a las Comunidades Autónomas una mensualidad del IVA transferido, unos 200 millones de euros en Galicia, cerca de tres mil en el conjunto estatal. Aclaremos que se trata de recursos presupuestados y ejecutados en su momento por lo que la deuda es real. Por otra parte los consumidores abonaron el IVA correspondiente que las empresas ingresaron en Hacienda. Es decir, el dinero existe, se corresponde con operaciones reales sólo que está donde no debe. Debería de estar en la Tesorería autonómica pero su homóloga estatal lo retiene.
Lo hace porque lo necesita. Los compromisos pactados para formar Gobierno hay que pagarlos. El dinero saldrá de quienes no han pactado, es decir de la oposición, mientras ésta se deje. En otras palabras, habrá nuevos litigios judiciales, conflicto constante y al final se pagará. Mientras, los ciudadanos gallegos estarán financiando a los de Cataluña, Valencia o Baleares votos mandan. El efecto es perverso, la equidad inexistente y el juego de manos a cuenta de los recursos indefendible.
Todavía hay otra variable que explica la operación: la enquistada división política territorial. En Cataluña o en el País Vasco este tipo de asuntos son defendidos con práctica unanimidad por todo el arco político autonómico y así vemos a Alonso (PP) defender el régimen foral y a Iceta (PSC) pegarse a los nacionalistas siempre que es conveniente. Pero en Galicia la división es absoluta. Si fuese al contrario probablemente no se producirían las citadas actuaciones. Aquí, la política de corto alcance, de regateo sobre minucias, impide cualquier visión de país mínimamente compartida. Ocurre en casi todas las esferas con pocas excepciones: el “aldraxe” en el origen de la autonomía, la lengua o el Prestige.
Es una oportunidad para comprobar si existe política autónoma en los partidos gallegos o si son solamente sucursales o filiales de sus matrices estatales. Conociendo la historia reciente no alberguemos grandes esperanzas. Con las elecciones gallegas en pocos meses, la tendencia será cerrar filas con sus respectivos pares de Madrid, confiando en que la tendencia electoral, ahora favorable, resista hasta entonces y luego ya se verá cómo resolverlo. Para el PP, se trata de un argumento electoral que será explotado al máximo, compitiendo con los posibles retrasos del AVE. Las posibilidades de lograr una posición común, son pues, nulas.
Aunque nos duela, la pobreza relativa del país gallego, está también presente en las mentalidades políticas y sociales, lo que explica que no salgamos de la posición rezagada.
(Publicado en: https://www.mundiario.com/articulo/politica/galicia-pierde-200-millones-financiaran-comunidades-mas-desarrolladas/20200124005628173939.html)
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